SITUACIÓN DEL CAMPESINADO PERUANO DESDE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX HASTA NUESTROS DÍAS

INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS.

El presente trabajo trata de aclarar la panorámica general del campesinado peruano desde la segunda mitad del siglo XX.

Presentar una reflexión sobre la situación del campesinado peruano en la segunda mitad del siglo XX, no puede considerarse como una novedad. Ahora bien, hacerlo planteándolo de manera sistemática y exhaustiva, analizando los efectos y las causas que tuvo la Reforma Agraria de 1969, nos puede arrojar argumentos válidos para evaluar, especialmente, las repercusiones que tuvo dicha reforma en todos los estratos sociales peruanos, no solamente el campesinado, y la superación del trasfondo colonialista del pasado.

La historiografía actual nos ofrece una metodología de estudio que nos ayuda a constatar los hechos históricos producidos en Perú desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, y de ahí la importancia que este trabajo otorga a la Reforma Agraria de 1969, entendiéndola como un hito histórico y analizando sus efectos y sus causas. Analizaremos cómo se intentó que legislativamente, esta reforma supusiera un cambio de paradigma, no sólo en la gestión del suelo y la producción agrícola, sino también en un cambio en el modelo social de la época.

Este trabajo es fruto de la colaboración entre Adolfo Hernández García y Elena Gómez Felipe, ambos estudiantes del Grado de Humanidades en la Universidad Internacional de La Rioja.

El trabajo se desarrolla a través de la siguiente estructura narrativa:

• Contextualización histórica. Causas y concurrencias.
• Situación del campesinado peruano a mediados del siglo XX.
• Ley de Reforma Agraria de 1969. Efectos y consecuencias.
• Conclusiones finales. Situación actual.

CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA. CAUSAS Y CONCURRENCIAS.

La proclamación de la independencia de Perú en 1821 y la llegada de la República trajo consigo el inicio de una etapa de caos jurídico y administrativo, propia de la transición desde el anterior sistema colonial. Esta etapa de vacío de poder fue aprovechada por mestizos y criollos, amparados en la desprotección en que la legislación republicana había sumido a los indígenas, para apropiarse de las tierras de estas comunidades campesinas indias. Como consecuencia de ello, comenzaron a producirse levantamientos y rebeliones, principalmente en el sur del país, como la de Juan Bustamante (1867-1868). Estas revueltas campesinas se prolongaron de forma intermitente en el tiempo hasta la gran sublevación indígena (1920-1923), que provocó grandes disturbios y graves enfrentamientos en las provincias sureñas entre indígenas y tropas gubernamentales. En esta etapa surge el movimiento indigenista, apoyado por sectores de las clases medias, muy descontentos con el centralismo del estado, y de la aristocracia, ligada por diferentes motivos con la oligarquía. Además de la desprotección en que se encontraba la población indígena, la irrupción del indigenismo estuvo también influenciada por acontecimientos que se estaba produciendo en la escena internacional, como son las revoluciones mexicana y bolchevique. Esta situación propició la llegada de un sistema autoritario como solución para acabar con las continuas revueltas campesinas, que también podríamos llamar indias o indígenas, ya que eran estos, en su gran mayoría, quienes se dedicaban a trabajar la tierra.

Aunque el indigenismo nunca llegó a convertirse en un movimiento de masas, a finales de la década de los años 20 fue atraído por el socialismo, y su influencia contribuyó a identificar a los indios con los campesinos, es decir, con la clase trabajadora campesina, ya que los indios eran quienes ejercían esta actividad en el proceso productivo peruano. En un país donde una abrumadora mayoría de la clase trabajadora era campesina e indígena, el socialismo no podía vivir de espaldas a esta realidad y, además, esta identificación otorgó al campesinado peruano, en su mayoría indígena, como ya se ha apuntado, un gran protagonismo político y social que influiría en los acontecimientos que tendrían lugar en Perú a partir de ese momento.

Durante las décadas de los años 30 y 40 las acciones de los campesinos estuvieron ligadas, bien al Partido Aprista Peruano (PAP) o bien al Partido Comunista Peruano (PCP), que incorporaron a sus programas las reivindicaciones campesinas, lo que permitió a los campesinos aunar sus reivindicaciones con las de los obreros.

La llegada al poder de Luis Bustamante (1945-1948), apoyado por el movimiento aprista, permitió la legalización de sindicatos agrarios y comunidades campesinas, lo que facilitó también un aumento considerable de la movilización campesina, tanto en la Costa como en la Sierra, produciéndose huelgas e invasiones de tierras. Esta situación desembocaría, de nuevo, en la reinstauración de un sistema autoritario, con la llegada al gobierno del general Odría (1948-1956). Aunque al principio de su mandato las movilizaciones campesinas se redujeron, a partir de 1950 se reanudarían, con invasiones de haciendas, que supondrían en la práctica la recuperación de las tierras que anteriormente habían sido arrebatadas a los indígenas. En estas circunstancias, la influencia de la revolución cubana (1959) reforzó la presencia del marxismo dentro del movimiento campesino.

Desde principios del siglo XX se había ido forjando la idea de la necesidad de llevar a cabo una reforma agraria. El gobierno democrático de Manuel Prado (1956-1962) aprobó la elaboración de un proyecto de reforma agraria, para lo que nombró una comisión, aunque finalmente no llegaría a ponerla en marcha. El sucesor de este, Fernando Belaunde (1962-1968), que también se había comprometido a hacerlo, tampoco llegaría a ponerla en marcha, lo que produjo, nuevamente, reacciones sociales y revolucionarias del campesinado, como las guerrillas del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario) o el ELN (Ejército de Liberación Nacional).

Finalmente, como tantas veces, ante esta situación de inestabilidad social, se produjo el retorno a un gobierno autoritario, en este caso el de Velasco Alvarado (1968-1975) que, curiosamente, llevaría a cabo el proceso de reformas sociales y económicas más importante y radical de la historia peruana, sólo comparable a la reforma agraria cubana, con la promulgación de la Ley de Reforma Agraria de 1969.

SITUACIÓN DEL CAMPESINADO PERUANO A MEDIADOS DEL SIGLO XX.

Una vez que la burguesía criolla se liberó del control político español, estableció relaciones de intercambio con los países europeos industrializados. Estas relaciones de intercambio tienen dos vertientes, por un lado, los países industrializados venden el sobrante de su producción y compran materias primas y productos agrícolas peruanos; y, de otro lado, el sector urbano peruano utiliza los excedentes en la compra de artículos de lujo para las clases altas. Esto tiene como consecuencia que mientras que el excedente de producción europeo se reinvierte en la industria, el excedente de producción agrícola peruano se utiliza en la compra de artículos de lujo, lo que impide la modernización de la agricultura peruana.

En estas circunstancias, el continuo crecimiento industrial europeo conlleva, inevitablemente, que la economía peruana no pueda responder a las exigencias de sus demandas, por lo que los europeos deciden invertir directamente en Perú para asegurarse la disposición de las materias primas que necesitan, lo que produce, entre  otras consecuencias, que los centros agrícolas de la costa, mejor situados y más productivos, sean adquiridos por sociedades europeas y utilicen las nuevas y mejores técnicas de producción europeas.

Mientras el campesinado indígena suministra productos alimenticios a las ciudades, las haciendas dedican su producción a la exportación y las comunidades comienzan a consumir productos de la industria europea. La población indígena depende cada vez más del mercado, pero no de forma colectiva, sino individual, lo que conduce a la privatización de los campos de cultivo y a que su control por parte de las autoridades sea complejo. La privatización produce que las comunidades se desarrollen de forma desigual, en función del control al que son sometidas por parte de los gobiernos comunales, formándose comunidades de clases y cooperativas.

Las haciendas también se desarrollan de forma diferente en función de las condiciones naturales y los medios de transporte que permiten la exportación, cuando estas son favorables, se tiende al monocultivo y al trabajo asalariado, como es el caso de las plantaciones en los valles de la costa, dedicadas al cultivo del algodón y de la caña de azúcar, pero cuando no lo son, como ocurre en la sierra, se mantienen las relaciones de producción coloniales, donde la baja productividad hace que las haciendas paguen a sus asalariados permitiéndoles cultivar parte de sus tierras para su subsistencia.

Además de los grupos anteriores, existe otro grupo que se dedica al cultivo de tierras, las pequeñas empresas familiares, que tampoco crean puestos de trabajo. Esta situación conlleva que se vaya formando un grupo social que no está asociado al sistema económico, que será protagonista de las reivindicaciones que se producirán en la sociedad peruana desde mediados del siglo XX.

Por otra parte, el mercado llega a alcanzar en la sociedad una posición casi universal en la regulación de sus relaciones, con las excepciones en el campo de las relaciones entre hacendados y colonos en la sierra y las relaciones de ayuda mutua en las comunidades indígenas. Sin embargo, estas relaciones no están fijadas por la oferta y la demanda, sino por el deseo del sujeto económico más fuerte, el industrial, que solamente está limitado por las expectativas de subsistencia del más débil, es decir, el campesino.

Como consecuencia de lo anterior, los productos industriales están más valorados que los agrarios, cuya productividad depende tanto del grado de tecnificación como de las condiciones naturales de la producción. Además, la industria peruana, aun siendo el sector económico más importante, no es capaz de absorber, ni tan siquiera, la mano de obra urbana.

En definitiva, el campesinado peruano se encuentra en una situación límite, en la que el sistema de intercambio que se utiliza contribuye a acentuar, aumentar y perpetuar las desigualdades sociales y económicas de los campesinos.

LEY DE REFORMA AGRARIA DE 1969. EFECTOS Y CONSECUENCIAS.

Ante esta situación del campesinado, el gobierno autoritario de Velasco Alvarado, que llegó al poder en 1968, promulgó al año siguiente la Ley de Reforma Agraria (1969), cuyo periodo más importante llegaría hasta el final de su mandato (1975), en el que se realizó el reparto de tierras a las cooperativas campesinas.

La intención última de esta Ley de Reforma Agraria era conseguir el desarrollo de toda la sociedad peruana a partir del desarrollo de las fuerzas productivas, entre las que sobresalía el campesinado por su bajo nivel de tecnificación y su baja productividad.

Los propósitos de la reforma eran, principalmente, desarrollar el campesinado como fuerza productiva; crear un nuevo grupo, el campesino medio, que consume los productos de la industria urbana; traspasar el excedente del campo para capitalizar la industria urbana; y reducir las tensiones sociales que existían en el sector agrario.

Las reformas más importantes que se adoptan son las siguientes: control del comercio exterior y de los flujos de capitales para generar capital dentro del país, nacionalización de amplios sectores de la economía y planificación del proceso económico, el traspaso de la propiedad de la tierra que no se trabaja a grupos que la trabajen, reformas de la educación para que los grupos sociales cumplan con su función en el proceso económico, reformas en el sistema de asociacionismo político para evitar enfrentamientos clasistas.

Con la transformación de las plantaciones de la costa en complejos agroindustriales, que pasan a ser propiedad de los trabajadores, se consigue capitalizar la industria urbana, ya que lo que los trabajadores pagan al Estado por la utilización de las nuevas tierras, el Estado lo entrega a los antiguos propietarios de dichas tierras, que deben invertir lo recibido en la industria urbana.

Junto a las haciendas de la sierra con un desarrollo técnico alto, se crean sociedades agrícolas de interés social, que agrupan a las comunidades campesinas con bajo nivel de desarrollo técnico que se encuentran a su alrededor, lográndose así el desarrollo de esas comunidades campesinas por medio de la participación en la antigua hacienda.

Las haciendas que mantienen relaciones de producción coloniales con alto nivel de tecnificación, pueden continuar en propiedad de su dueño, pero con la obligación de que hagan participar de la misma a sus trabajadores.

En el caso de las haciendas de este tipo con un bajo nivel de tecnificación, son traspasadas directamente a los antiguos colonos, mientras que los dueños son obligados a trasladarse al sector industrial urbano.

Sin embargo, aunque el paso del latifundio a la cooperativa favoreció a los campesinos de las cooperativas de la costa, más tecnificadas, en el caso de las cooperativas de la sierra, menos tecnificadas, los beneficios para los campesinos fueron muy limitados.

CONCLUSIONES FINALES. SITUACIÓN ACTUAL.

La Ley de Reforma Agraria de 1969 es otro claro ejemplo del intento gubernamental legislativo que emprenden los países, como es el caso que nos ocupa,  para mejorar las condiciones de vida de los estratos más desfavorecidos de la sociedad, aunque la realidad en términos económicos de coste/beneficio, en numerosas ocasiones no consigue su objetivo.

Evaluar la repercusión de la Ley de Reforma Agracia en el Perú de la actualidad, no puede realizarse sin analizar y tener en cuenta otros factores socioeconómicos, como por ejemplo, problemas endémicos y estructurales de Perú que nunca ha conseguido superar, su orografía, la renta per cápita del país, el despoblamiento e inaccesibilidad de muchas de sus regiones y la afectación por la crisis económica a nivel mundial.

En Perú existen en la actualidad más de seis mil comunidades campesinas, la mayoría de ellas en la sierra, cuya población, que supone el cuarenta por ciento de la población rural peruana, se encuentra, aún hoy, en los umbrales de la pobreza. Los problemas más importantes del campo peruano, como son el desarrollo desigual de la población y el bajo nivel de producción, continúan sin solucionarse y, además, la reforma agraria tan sólo benefició a un escaso treinta por ciento de las familias rurales, convirtiéndose el resto en trabajadores asalariados o marginales. Además, la población rural desempleada no ha podido ser absorbida por otros sectores productivos, lo que ha producido que en la actualidad exista alrededor de un cincuenta por ciento de desocupación.

En definitiva, la Ley de Reforma Agraria de 1969, que se llevó a cabo principalmente en la costa y en la sierra, no terminó con las desigualdades sociales existentes entre el campesinado peruano pero, al menos, consiguió atenuarlas; tampoco logró resolver la dependencia externa del país, pero estableció los cimientos para una economía menos dependiente, mediante el desarrollo de las fuerzas de producción y la capitalización de país. Aunque esta ley es un ejemplo de que en ocasiones los gobiernos legislan para favorecer y  mejorar las condiciones de vida de las personas a las que gobiernan, los gobernantes que llegaron al poder tras el de Velasco Alvarado no aprovecharon la beneficiosa tendencia que las reformas de esta ley habían supuesto en el campesinado peruano, beneficios que ahora, todos los peruanos añoran.

      

Bibliografía

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