Cuando Felipe IV accedió al trono de Castilla, ésta se
encontraba sumida en una profunda crisis económica, con una Hacienda Real
endeudada y con un déficit crónico. En esta situación, se hacía necesario poner
en marcha urgentes reformas encaminadas a la recuperación económica. Estas
reformas eran reclamadas con urgencia por la Corte y la sociedad castellana.
Sin embargo, al mismo tiempo que se reclamaban estas medidas reformadoras, también
se añoraba la gloria y prestigio que vivió la Monarquía Hispánica en tiempos de
Felipe II, que se habían perdido, en gran parte, durante la pacífica etapa de
Felipe III. Por lo tanto, el deseo castellano era recuperar la economía, pero
también el esplendor de antaño, tareas que parecían muy difíciles de compaginar.[1]
Hay que tener en cuenta que Castilla era el “corazón” económico y social de la Monarquía Hispánica, por lo que la crisis castellana repercutía en toda la Monarquía.
En este contexto aparece en escena el valido Don Gaspar de
Guzmán y Pimentel, conocido como el Conde-Duque de Olivares, que puso en marcha
un programa político cuyos objetivos eran lograr la restauración y recuperar la
reputación perdida. Se trataba, por un lado y a nivel interno, de recuperar la
autoridad y la grandeza real, y, por otro lado y a nivel externo, de defender
los intereses de la Monarquía Hispánica y la recuperación del prestigio perdido
como consecuencia de la Pax Hispánica.[2]
El programa político de Olivares, conocido como
“Reformación”, que traería consigo las Juntas y los Artículos de Reformación y
era apoyado por un cierto sector de la sociedad castellana, promovía políticas:
de austeridad (reducción de personal, creación de leyes suntuarias, sustitución
de la gola o gorguera por la golilla,…); de población (incentivación de la
nupcialidad y la natalidad, ayuda a los huérfanos,…); de finanzas (creación de
bancos públicos para dar créditos a bajo interés, sustitución del impuesto de
millones por tropas,…); y contra la corrupción (se intenta acabar con la
corrupción que estaba asentada en la Corte castellana desde la llegada del
Duque de Lerma).[3]
En teoría, todas estas actuaciones deberían haber traído la
recuperación de Castilla, pero su aplicación resultó ser un estrepitoso fracaso.
El gran problema era que la Monarquía Hispánica tenía
demasiados frentes abiertos y los territorios peninsulares no daban suficiente para
atenderlos a todos.
En este ambiente reformista, en 1624 el Conde-Duque remitió
a Felipe IV una instrucción secreta, al estilo de las remitidas en su día por
Carlos V a Felipe II, conocida como Gran Memorial, en la que animaba al rey a
llevar a cabo ciertas actuaciones en los territorios no castellanos de la
península, con la intención de conseguir un Estado peninsular homogéneo y
unificado, ya que en estos momentos la Monarquía Hispánica continuaba siendo
una monarquía polisinodial, con diferentes reinos, Cortes,…[4]
En el Gran Memorial, el Conde-Duque proponía al rey tres
caminos para llegar a la unificación de la península en un Estado homogéneo:
El primero consistía en facilitar la participación de los
naturales de los distintos reinos en los oficios y dignidades de Castilla,
promoviendo a su vez los matrimonios mixtos.
El segundo y el tercero, relacionados con el uso de la
fuerza, consistían en utilizar el ejército para negociar desde una posición de
fuerza, o para ayudar a sofocar una revuelta popular, previamente instigada,
durante la celebración de Cortes.[5]
El objetivo de Olivares era trasladar el sistema político castellano
al resto de reinos peninsulares, ya que en Castilla los reyes siempre habían
gozado de mayor apoyo, mientras que en el resto de reinos las dificultades
siempre fueron mayores. El objetivo que se perseguía era conseguir un país más
homogéneo y más fuerte, al estilo de las monarquías absolutas que ya empezaban
a emerger en otros países europeos.
Con estas medidas, no sólo se lograría la integración
institucional, sino también la integración social. Además, en estos momentos de
crisis económica, Castilla necesitaba la colaboración del resto de reinos
peninsulares. En este sentido, cabe señalar que una de las medidas más
importantes llevadas a cabo fue la Unión de Armas, que se creó con el objetivo
de integrar a todos los reinos peninsulares en los proyectos políticos y
militares de la Monarquía Hispánica, ya que hasta ese momento sólo se podían
reclutar tropas en Castilla para
participar en operaciones bélicas fuera de su territorio. Esta medida se acepta
a regañadientes en Aragón y en Valencia, pero no en Cataluña.
Como conclusión, cabe decir que aunque las medidas que
proponía el Conde-Duque eran de sentido común y los objetivos que éstas
perseguían eran loables, la realidad es éstas no fueron aplicadas ni en el
momento ni en la forma adecuados, por lo que resultaron ser un fracaso. Es
sintomático que a pesar del tiempo empleado en las reformas por el Conde-Duque,
su único logro fuera sustituir la gola por la golilla.[6]
[1] Alfredo Floristán (Coord.). Historia de España en la Edad Moderna, (editorial
Ariel), 487.
[2] Floristán (Coord.). Historia de España en la Edad Moderna, 488.
[3] Floristán (Coord.). Historia de España en la Edad Moderna, 491.
[4] Floristán (Coord.). Historia de España en la Edad Moderna, 492.
[5] Floristán (Coord.). Historia de España en la Edad Moderna, 493.
[6] Floristán (Coord.). Historia de España en la Edad Moderna, 496.
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
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